Los colectivos y familiares de personas desaparecidas urgieron a la CNB a intervenir en la región “con personal suficiente, capacitado y facultado para la ejecución de búsquedas”.
CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Familiares de personas desaparecidas y colectivos de búsqueda urgieron a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la fiscal General de la República, Ernestina Godoy, informar sobre los hallazgos en la comunidad El Verde, del municipio de Concordia, Sinaloa, derivados de los esfuerzos institucionales para localizar a los 10 mineros secuestrados el 23 de enero en el campamento de la empresa canadiense Vizsla Silver, así como permitir la participación de las familias.
En una misiva dirigida a la mandataria federal y a la titular de la FGR, con copia para el gobernador Rubén Rocha Moya, a la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Martha Lidia Pérez Guercidno, así como a autoridades locales, 429 familiares de personas desaparecidas y colectivos de búsqueda recodaron que son los parientes de las víctimas quienes han tenido que emprender acciones de búsqueda a pesar de la legislación vigente.
En la carta, que fue admitida en las oficinas de la Presidencia así como de la FGR, entre otras dependencias, los familiares de víctimas resaltaron que a ellos les ha tocado llevar a cabo las acciones de búsqueda, derivadas de “las deficiencias y el rezago por parte de las autoridades responsables”.
Al sostener que para la búsqueda de sus familiares las han realizado “sin contar con el respaldo de las instituciones públicas encargadas de estas actividades”, los firmantes apuntaron que “el incremento de la violencia en todo el estado de Sinaloa y la zona Noroeste del país ha obstaculizado las acciones de búsqueda”.
Agregaron que, a pesar de los riesgos, los familiares de las personas desaparecidas no han contado “con la seguridad y respaldo de la fuerza pública que garantice nuestra integridad física, sin dejar de mencionar la grave crisis política en materia forense, los crímenes de lesa humanidad y el derecho de vivir en un lugar digno y seguro como lo establece la Constitución mexicana”.
Más aún, “todos los esfuerzos realizados por parte de los familiares de personas desaparecidas se han visto coartados por la nula interlocución por parte de las autoridades federales y locales encargadas de realizar acciones de búsqueda, investigación y sanción, violentando los derechos de las víctimas y sus familias”, ello sin haber una coordinación interinstitucional con “enfoque de género y no revictimización, sin atender los requerimientos sustantivos en análisis de contexto y planes de búsqueda, en apego a la Ley General en Materia de Desaparición”.
Con info de Proceso
